Opinión

Una provincia que incentiva las desigualdades y desprotege a los vulnerables

Por Francisco Jure

Hace algunos años que a los argentinos nos presentan casi a diario un menú de análisis de coyuntura económica, política y social. Se habla de estafas millonarias al estado, de favores a empresas amigas, de bolsos repletos de dinero revoleados por el aire. Se habla del déficit fiscal, de lo descabellado que sería pagarle un poco más a los docentes y a los jubilados y de lo necesario que es condonarle la deuda a los grandes grupos económicos y perdonarles delitos mediante mecanismos tan controvertidos como el “blanqueo de capitales”.

Y si miramos un poquito más de cerca, en nuestra provincia, a los grandes temas que atraviesan el país se deben sumar aquellos más locales. Se discute en los medios si el gobernador tiene un pacto con el presidente o si el intendente tiene un pacto con el gobernador. Gastos exorbitantes en hoteles (sí, por alguna razón el gobierno considera necesario encargarse directamente de la construcción de hoteles), caminos que se hacen una y otra vez, derrochando miles de millones de pesos, viáticos y pasajes de funcionarios que cualquier hombre sensato no dudaría en calificar de obscenos.

Es la situación de familias enteras que, disfrazada de estadística, nos pasa desapercibida. Fijar la atención en las grandes cifras nos hizo olvidarnos de que esas estadísticas se materializan, se hacen palpables, en miles de historias personales.

Pasa que, entre análisis y análisis, la vida de los cordobeses, que son personas antes que ciudadanos, pasa. Y la discusión respecto a cuantos puntos cayó o no el desempleo, por ejemplo, se vuelve una dura vivencia de incertidumbre para los que le ponen el cuerpo a la realidad que parece disolverse en la frialdad de los números y el bombardeo informativo. Es la situación de familias enteras que, disfrazada de estadística, nos pasa desapercibida. Fijar la atención en las grandes cifras nos hizo olvidarnos de que esas estadísticas se materializan, se hacen palpables, en miles de historias personales.

En ese contexto, es que me gustaría poner en escena un conflicto en particular, real, tangible y concreto, ignorado por buena parte de la opinión pública y que terminará de materializarse en unos días. Me refiero a la situación de los empleados del call center Task Solutions que presta servicios para Telecom S.A. Se trata de más de 1200 trabajadores a quienes se les informó, en los últimos días, que dejarían de existir sus puestos de trabajo.

El conflicto comenzó a fines del 2016. En ese momento, frente a rumores de que la empresa había perdido el contrato con su único cliente (Telecom S.A.), algunos empleados empezaron a hacer preguntas y hubo una deliberada falta de voluntad para informarles la verdadera situación. A partir de ese momento las condiciones laborales del personal de Task Solutions se vieron progresiva e intensamente deterioradas. Se les exigió un ritmo de trabajo sobrehumano, se les prohibió reclamar por sus derechos, fueron obligados engañosamente a completar exámenes de aptitud para otras empresas, se demoraron las fechas de pago.

A todas esas circunstancias debe sumarse la irregular forma de contratación que desde sus orígenes utilizaba la empresa. Los empleados no seguían el régimen laboral del rubro que correspondía. Se los contrataba como “obreros metalúrgicos” siguiendo las pautas y convenios vigentes de la Unión de Obreros Metalúrgicos, mucho más desfavorables que la de los trabajadores de todos los demás call centers. Esta particularidad fue promovida por el propietario de la empresa, el Sr. Daniel Funes de Rioja, que es además directivo de la Unión Industrial Argentina y que ha recibido múltiples denuncias por la precarización a la que son sometidos sus empleados.

Hubo varias reuniones a las que asistieron delegados de todas las partes, supuestamente interesados en destrabar el conflicto. La participación del Ministerio de Trabajo hizo aún más vulnerable la posición de los trabajadores. Su única intervención concreta consistió en dictar la conciliación obligatoria en las últimas semanas, durante la cual la empresa aprovechó para no depositar el sueldo de sus empleados que se veían imposibilitados de reclamar por el temor a ser sancionados y sin tener ninguna confirmación de lo que estaba ocurriendo.

Los más “afortunados” serán contratados por otras empresas del mismo rubro, sin garantías de que se respeten los años de antigüedad y la cantidad de días de vacaciones que les corresponden, pero la mayoría tendrá que emprender un tedioso camino judicial para lograr una indemnización “justa”

Hace algunos días la noticia que tanto desmintieron se corroboró oficialmente: la empresa dejaría de existir. Los trabajadores vieron con angustia como se desmantelaban las instalaciones y cómo habían sido manipulados sin posibilidad de ejercer sus derechos más básicos. Los más “afortunados” serán contratados por otras empresas del mismo rubro, sin garantías de que se respeten los años de antigüedad y la cantidad de días de vacaciones que les corresponden, pero la mayoría tendrá que emprender un tedioso camino judicial para lograr una indemnización “justa” (si acaso existe) y quedarán en la calle sin tener ningún tipo de responsabilidad por lo ocurrido.

Desde el gobierno del Cr. Schiaretti, que se muestra indiferente a la situación de estos 1200 cordobeses, no se hicieron declaraciones. El Legislador García Elorrio presentó un pedido de informes que no fue respondido. En el oficialismo se le resta importancia al tema exponiendo niveles de insensibilidad social verdaderamente preocupantes. Según su lógica, si la provincia exhibe mejores números que otras no hay motivo alguno para preocuparse.

Todos los que hayan vivido una experiencia de este tipo sabrán que perder la fuente de trabajo es una de las situaciones más dolorosas que puede atravesar un ser humano. En este caso, son 1200 trabajadores, en su mayoría jóvenes, a quienes el gobierno con su silencio les está diciendo que por más esfuerzo que hagan, no existen en esta provincia garantías de que habrá buenos resultados. Son 1200 personas a las que el estado una vez más les dio la espalda frente al abuso de los sectores más poderosos.

Qué bueno sería que estos párrafos lleguen a algún funcionario del Poder Ejecutivo y

que logren generarle empatía. Qué bueno sería que los trabajadores de Task Solutions sean convocados en búsqueda de una solución digna como se la merecen. Qué bueno sería que por una vez el gobierno deje de pensar en las próximas elecciones y se conmueva con la realidad de sus ciudadanos. Si el estado no está presente en este tipo de conflictos ¿dónde y para qué está?

Una provincia que incentiva las desigualdades y desprotege a los vulnerables, no es una provincia que tenga vocación de crecimiento, ni de justicia, ni de igualdad. Una provincia más preocupada porque los spots publicitarios sean masivos que por la situación de sus trabajadores no tiene ninguna visión comunitaria de largo plazo. Una provincia que juega a hacer política mientras maquilla la realidad, es una provincia que está condenada al fracaso.

Por Francisco Jure

Asesor Bloque E.V.C.

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