Lo hicieron diputados nacionales, legisladores provinciales y dirigentes de CC-ARI y Encuentro Vecinal. Le pidieron al ministro del Interior que intime a la Provincia para que no avale la pretensión de un centenar de intendentes.

Mediante una carta, los distintos representantes y dirigentes políticos denunciaron “la inminente violación de la Constitución Nacional por parte del Gobierno provincial”, ante un probable “avasallamiento sin precedentes a la calidad democrática existente en la provincia de Córdoba”.

Los firmantes alertaron sobre el posible tratamiento y aprobación en la Legislatura provincial de un proyecto de ley, que efectiviza un pedido formal realizado por alrededor de 100 intendentes y jefes comunales del interior cordobés, que buscan la habilitación de la re-reelección para ellos, legisladores provinciales y tribunos de cuentas.

Lo expuesto, según sostuvieron los firmantes, “si bien quiere ser comunicado por el poder como una modificación normativa sin mayor trascendencia, representa en realidad una degradación del sistema democrático provincial y tiene como objetivo perpetuar a los caciques dueños del Estado en sus puestos de privilegio y, además, pareciera constituirse como un primer paso en la búsqueda de la reelección indefinida”.

A su vez, remarcaron que “la falta de alternancia política impacta con los mandatos constitucionales, altera el espíritu de nuestra democracia y perjudica de lleno la protección de los derechos humanos”. Resaltaron que esto conllevaría a un retroceso y violación a los compromisos internacionales de jerarquía constitucional asumidos por el país, ya que “el respeto por la forma de gobierno, establecida tanto en la Constitución Nacional como en la provincial, es sin duda la garantía del goce de los derechos humanos”.

De permanecer callado, alertaron, “el Estado argentino podría incurrir en responsabilidad internacional”.

Por estos motivos, es que, en virtud de la competencia establecida por la Ley de Ministerios, por la cual es responsabilidad del Ministerio del Interior “entender en las cuestiones institucionales en que estén en juego los derechos y garantías de los habitantes de la República (…)”, le solicitan al Gobierno Federal, a través del Ministerio del Interior, que intime al Gobierno de Córdoba a los efectos de que “cese los intentos de hacer efectiva esta iniciativa, desista de sus pretensiones y convoque al diálogo a las demás fuerzas políticas de la democracia”.

El pedido fue firmado por Leonor Martínez Villada, diputada nacional y presidente de la CC-ARI Córdoba; Juan Manuel López, presidente del bloque de diputados nacionales de la CC; Cecilia Irazuzta, legisladora provincial de la CC-ARI; Gregorio Hernández Maqueda, presidente de la Asamblea Provincial de la CC-ARI; Aurelio García Elorrio, exlegislador provincial; Gerardo Grosso, legislador provincial de Encuentro Vecinal; y María Rosa Marcone, legisladora provincial de Encuentro Vecinal.